La consellera de Hacienda de Armengol se concede un ascenso y aumento de sueldo mediante un decreto ley

Rosario Sánchez, la consellera de Hacienda del Govern que preside Francina Armengol, firmó el decreto ley aprobado en junio por el Ejecutivo balear que implica un ascenso automático en su calidad de funcionaria, al pasar directamente de auditora a interventora con el correspondiente aumento significativo de sueldo, unos 40.000 euros más al año. La portavoz adjunta del PP, Núria Riera, ha afirmado esta mañana que se han producido unas irregularidades «bochornosas y muy graves». El decreto beneficia a Sánchez y a otros dos altos cargos del Govern de Armengol así como a la presidenta del Consell de Mallorca, Cati Cladera.

El PP ya ha pedido la comparecencia urgente de la consellera de Hacienda en el Parlament. Núria Riera ha explicado que, si hace años se abrieron las plazas de auditor para que pudieran presentarse a interventor -lo que ya beneficiaba directamente a Rosario Sánchez y a la actual presidenta del Consell, Cati Cladera- ahora se han equiparado, «es decir, que los auditores  automáticamente los integran en la categoría de interventores».

A raíz de esto, según ha afirmado Riera, el PP  preparó una batería de preguntas para saber «por qué el Consell de Govern estaba haciendo este regalo a la señora Sánchez», averiguando además que la propuesta del decreto «estaba firmada por la propia consellera».

«Es una irregularidad tremenda desde el punto de vista de la Ley de incompatibilidades», porque «un alto cargo no puede firmar un decreto ley en el que se beneficie a uno mismo en su propia plaza», ha añadido la portavoz, que ha censurado también que este decreto haya estado publicado en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) durante 15 días.

«Son dos semanas en las que el Consell de Govern no ha rectificado hasta que, debido a las presiones de los propios interventores y de la Sindicatura de Cuentas, se ha visto obligado», ha explicado.

Cati Cladera, ahora presidenta del Consell de Mallorca, era en 2018 la consellera de Hacienda y entonces modificó los criterios para acceder a una plaza de interventor para que pudieran acceder al puesto los auditores de la Sindicatura de Cuentas y los secretarios interventores de municipios de menos de 5.000 habitantes. Entre las personas que reunían el requisito para acceder a una plaza de interventor por ser auditores de la Sindicatura de Cuentas estaban precisamente Cati Cladera, y la entonces delegada del Gobierno y hoy consellera de Hacienda Rosario Sánchez.

Lo que hizo el Govern es modificar la relación de puestos de trabajo y los requisitos para acceder a cada uno de ellos. A partir de aquel momento, el Ejecutivo autonómico podía ir sacando a concurso las plazas vacantes. Ahora, con el decreto ley aprobado en junio, los auditores pasan directamente a ser interventores , una medida donde la primera beneficiada en la consellera autora del decreto, Rosario Sánchez.

Al pasar a ser interventora Rosario Sánchez consigue que, cuando ocupe la plaza, el complemento específico de sueldo pase directamente de 15.800 euros a 21.900. El complemento específico se suma al sueldo base que fija el Estado y a los complementos de productividad e insularidad que fija la Comunidad Autónoma. En total, al aumento de sueldo es de unos 40.000 euros al año.

Los interventores son de los funcionarios con sueldo más elevado después de los miembros de la Abogacía de la Comunidad Autónoma. De hecho, cobran más que los consellers y los directores generales.

En 2018 se dio la particularidad de que la modificación de la relación de puestos de trabajo fue aprobada en Consell de Govern a propuesta precisamente de Cati Cladera en su calidad de consellera de Hacienda y Administraciones Públicas. Ahora ha sucedido lo mismo con otra consellera de Hacienda, Rosario Sánchez, que consigue un importante ascenso gracias a su propio decreto ley.

Núria Riera ha asegurado que el PP solicitará «toda la documentación y todo el expediente» del decreto ley. «Es muy grave, si Juli Fuster tuvo que dimitir por firmar una resolución que beneficiaba a una plaza futura de su hija, aquí hablamos de una consellera que está autofirmando una propuesta que le autobeneficia», ha opinado Riera.